Nuestro país tiene diversos desafíos en los cuales avanzar en cuanto a la calidad de su democracia. En dirección a eso, el gobierno ha anunciado un paquete de reformas políticas que se llevarían a discusión durante el próximo año. Algunas de ellas, de concretarse, representarían un avance, como son la inscripción automática, el voto de chilenos en el exterior, el cambio de fecha en las elecciones, primarias obligatorias, etcétera.
Seguramente Sebastián Piñera anunciará estas reformas como “revolucionarias”, pero en esta columna, doy fe de que hay transformaciones más profundas que nuestro sistema político necesita y que, por lo visto, hasta ahora no existe la voluntad para llevar a cabo.
Dentro de los primeros tópicos descartados por la reforma aparece la Defensoría del Pueblo u Ombudsman. Para el que no lo conoce, ésta consiste básicamente en “un investigador independiente con autoridad para recibir denuncias de los ciudadanos, exigir cuentas al Estado por sus deficiencias y la reparación a los perjudicados por acciones gubernamentales o injustas, o por violaciones de los DD.HH.”(1). Mientras exista este vacío, la sociedad civil estará menos protegida ante las arbitrariedades estatales. Por lo demás, sólo dos países en América Latina no tienen esta defensoría: el nuestro y Uruguay.
Por el contrario, el gobierno está proponiendo una unidad de gestión y control que fiscalice las políticas del gobierno y el avance de cada ministerio, cuando en realidad, los ciudadanos debieran ser los primeros fiscalizadores y denunciantes de las políticas cuando no funcionan o perjudican sus derechos y qué mejor ejemplo que lo sucedido recientemente en la cárcel de San Miguel.
La reforma tampoco traerá consigo un cambio en el régimen político. El gobierno acumula tanto poder que el Congreso parece un mero estorbo (no debería serlo, pero al hacer un llamado al “flair play” para legislar ayuda a que lo parezca) sobre todo ahora que tiene minoría. Por poner un ejemplo que congracie con nuestra elite, el presidente de los Estados Unidos, que tiene la posibilidad de reelección inmediata, tiene bastantes limitaciones al momento de legislar. No puede emitir decretos, los temas exclusivos en los que puede legislar se ven limitados, no tiene posibilidad de veto total y, por su parte, el Congreso puede modificar el presupuesto a su parecer y si rechaza el presupuesto el presidente no tiene margen de acción (2).
Bastante alejado de lo que pasa en nuestro país, donde el presidente tiene la posibilidad de emitir decretos, legislar en temas exclusivos, vetar en su totalidad proyectos y aprobar el presupuesto en caso de rechazo del congreso (3). O sea, puede jugar a que el congreso es un estorbo debido sus amplias facultades.
Nuestro sistema electoral tampoco sufrirá cambios. Aunque en este tema habría que necesariamente hacer cirugía mayor, ninguna de las dos coaliciones está en condiciones de perder el trabajo que han logrado por más de veinte años. Por ello, no tendremos distritos más representativos (el ejemplo clásico es Aysén, ya que una baja cantidad de población elige los mismos escaños que un populoso distrito en la Región Metropolitana), las fuerzas minoritarias tendrán una gran dificultad para obtener escaños si no pactan con las dos coaliciones conocidas y, por lo tanto, no tendremos una mayor competencia para que la ciudadanía tenga mejores opciones.
Podría mencionar otras como la elección de intendentes y gobernadores, la iniciativa popular de ley, la posibilidad de revocar mandatos de autoridades incompetentes o que tengan problemas con la justicia, plebiscitos vinculantes, entre otras que irían en la dirección de una revolucionaria reforma política.
Tanto los avances u omisiones que contenga la reforma serán de responsabilidad del gobierno y oposición. Sin embargo, mientras el gobierno tiene grandes posibilidades de llevar a cabo su programa y de mantener el statu quo en temas que le interese, la situación es distinta para la oposición. Más amplia y menos anquilosada de como la vemos en el congreso, tiene la oportunidad de renovar sus ideas y de comenzar a exigir mayor rendición de cuentas del gobierno, una mayor desconcentración en la toma de decisiones y un sistema más representativo.
Los ciudadanos necesitan una mejor reforma política.
Referencias y visitas:
(1) (2) (3) Mark Payne, entre otros. La Política Importa, página 256.
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